EL VALOR DEL TRABAJO ESENCIAL. PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO DEL MUNDO.
Tercera Parte. El fortalecimiento de las instituciones del trabajo y las políticas para aumentar la resiliencia.
El trabajo decente es un objetivo universal que resulta especialmente crítico en el caso de los trabajadores clave, dada la importancia de su labor para el funcionamiento básico de las economías y las sociedades, y habida cuenta de las deficiencias generalizadas que afectan a sus condiciones laborales.
La infravaloración del trabajo clave tiene consecuencias que van más allá del trabajador individual. Cuando las condiciones de trabajo adversas y los bajos salarios son deficiencias sistémicas, tiende a escasear la mano de obra, la tasa de rotación aumenta y, en última instancia, el resultado es una prestación inadecuada de los servicios clave. Así pues, la resiliencia de los servicios clave ante futuras pandemias u otro tipo de crisis depende de la inversión que se realice en esos sectores clave y en la mejora de las condiciones laborales de quienes se ocupan del trabajo crítico.
La regulación, ya sea por la vía legislativa o mediante convenios colectivos, de manera concertada con otras instituciones del trabajo (organizaciones de trabajadores y de empleadores, sistemas de administración e inspección del trabajo, y juzgados, magistraturas y tribunales), es necesaria para alcanzar los siguientes objetivos:
Lugares de trabajo seguros y saludables para todos: La pandemia demostró que un entorno laboral seguro y saludable beneficia no solo al trabajador individual, sino también a la organización para la que trabaja, así como a la sociedad en general. Los sistemas de SST resultan más eficaces cuando son coherentes, es decir, cuando existe una base sólida que sustenta todas las intervenciones regulatorias relacionadas con la SST. Los sistemas de este tipo deben desarrollarse a partir de la colaboración tripartita, especificando claramente los derechos y obligaciones; han de aplicarse a todas las ramas de actividad económica y a todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral; y deben hacer hincapié en la prevención mediante la realización de evaluaciones de riesgos periódicas.
Igualdad de trato y otras salvaguardias para todas las modalidades contractuales: El marco jurídico determina que el empleo a tiempo parcial, temporal y a través de agencias y la subcontratación lleguen a ser, o no, una fuente de inseguridad y desventaja en el mercado de trabajo. Cuando los marcos jurídicos exigen igualdad de trato e imponen otras salvaguardias, la elección de esas modalidades de trabajo estará más condicionada por la flexibilidad que proporcionan al organizar la producción que por la voluntad de reducir los costos laborales. El principio de igualdad de trato significa que los trabajadores en esas modalidades disfrutan de los mismos derechos que se otorgan a trabajadores comparables contratados a tiempo completo o en jornadas acordadas bilateralmente, con salarios y prestaciones sociales equivalentes, aunque proporcionales, a las horas de trabajo. Debido a los mayores riesgos en materia de SST en los trabajos peligrosos, algunos países restringen el recurso a agencias de empleo privadas y a la subcontratación en determinadas ocupaciones o ramas de actividad económica.
Horarios de trabajo seguros y previsibles: La jornada laboral está estrechamente relacionada con la calidad del empleo. La insuficiencia y el exceso de horas de trabajo, así como su distribución irregular, generan problemas específicos. En vista de los efectos perjudiciales que las jornadas excesivas entrañan para la seguridad y la salud de los trabajadores, los países deben esforzarse por reducir el número máximo de horas de trabajo con medidas regulatorias, incluida la negociación colectiva. Por otro lado, como la regulación del tiempo de trabajo no beneficia a los trabajadores por cuenta propia, se necesitan intervenciones de política complementarias que corrijan los bajos niveles de productividad y los bajos ingresos que están detrás de la prolongación de la jornada.
Políticas salariales que apoyen la valoración del trabajo clave: Dos instituciones del trabajo pueden reducir la brecha salarial entre empleados clave y no clave y velar por que los salarios de los primeros reflejen mejor su contribución social:
La negociación colectiva. La brecha salarial de los trabajadores clave es menor allí donde los sistemas de negociación colectiva son más abarcadores e inclusivos. Es conveniente reforzar esos sistemas y ampliar su ámbito de aplicación, de modo que los convenios colectivos den cobertura a una población de trabajadores más diversa.
El salario mínimo legal. Es otro instrumento eficaz para paliar la infravaloración del trabajo clave, por cuanto los trabajadores clave están sobrerrepresentados en la parte inferior de la distribución salarial. Una primera forma de compensar sus menores ingresos es garantizar que todos los trabajadores estén cubiertos por el salario mínimo; a veces quedan excluidos el trabajo agrícola y doméstico, por ejemplo. Al fijar el salario mínimo, los gobiernos y los interlocutores sociales deben tener en cuenta la contribución social de los trabajadores clave. Por último, es necesario mejorar la observancia del salario mínimo mediante un control más estricto.
Extender la protección social para potenciar la resiliencia de los trabajadores: La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia de contar con una protección social adecuada que prevea, entre otras cosas, la concesión de licencias remuneradas y otras prestaciones por enfermedad. Por otro lado, los países deben adaptar sus marcos jurídicos para que todos los trabajadores, independientemente de su modalidad contractual y de su situación en el empleo, estén cubiertos por la protección social. Una mayor flexibilidad en el pago y la cuantía de las cotizaciones para adaptarlas a las circunstancias de los trabajadores por cuenta propia, a tiempo parcial y temporales ayuda a que los sistemas de protección social sean más inclusivos.
Formar trabajadores con mayor capacidad de respuesta y de adaptación: La formación refuerza las competencias de los trabajadores para que desempeñen las tareas con eficacia y seguridad, al tiempo que los prepara para situaciones de crisis. Ahora bien, la formación no puede ser responsabilidad exclusiva del trabajador. Los sistemas de formación eficaces requieren la participación activa de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, además de involucrar a los gobiernos.
Llevar la legislación a la práctica mediante la observancia y un mayor control del cumplimiento: Las políticas, los sistemas y los programas diseñados para promover la legislación laboral y en materia de SST y de seguridad social no surten efecto si no se vigila su aplicación efectiva mediante sistemas de control. Los inspectores deben estar ampliamente facultados para recabar información y hacer cumplir las normas, incluso mediante la prohibición de actividades, la exigencia de mejoras o, en caso necesario, el cierre de instalaciones. Es fundamental otorgarles extensas facultades de control para abordar más eficazmente los riesgos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo o las infracciones laborales.
Las inversiones en infraestructuras físicas y sociales en sectores clave son una condición necesaria para mejorar las condiciones de trabajo y favorecer la continuidad de las empresas. Se trata de inversiones que sientan las bases para crear economías y sociedades resilientes con capacidad de resistencia, adaptación y transformación ante las perturbaciones y las crisis.
Los efectos negativos de las enfermedades infecciosas y las crisis sanitarias conexas pueden mitigarse si los sistemas sanitarios están suficientemente dotados de recursos y de personal. Por desgracia, las deficiencias en el acceso a una atención sanitaria adecuada y en el gasto de salud asolan muchas partes del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, que registran las tasas más bajas de cobertura de servicios y los porcentajes más elevados de desembolso personal en asistencia sanitaria. Las inversiones en servicios sanitarios y en cuidados de larga duración son costosas, pero recompensan. La OIT calcula que un aumento del gasto suficiente para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en materia de salud generaría 173 millones de puestos de trabajo. En los países de ingresos bajos los déficits de financiación son más severos, pero es necesario abordarlos para evitar costos aún mayores. La ayuda internacional destinada a combatir la pandemia de ébola de 2014-2016, por ejemplo, fue de una cuantía mayor que la necesaria para establecer un sistema de asistencia sanitaria universal en los países más afectados.
Las crisis recientes han exacerbado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro alimentario, lo que ha afectado a la oferta y la asequibilidad de los alimentos, así como a los medios de subsistencia de quienes trabajan en la agricultura. Los trabajadores agrícolas están muy expuestos a las fluctuaciones de los ingresos, debido no solo a la estacionalidad de la producción y al agravamiento de los riesgos climáticos, sino también a la volatilidad de los precios de los alimentos, que ha aumentado desde 2005. Los precios mínimos garantizados y los sistemas de seguros, que contemplan acciones adaptadas para fomentar su adopción por los agricultores, son algunas de las posibles medidas compensatorias. Es necesario implementar nuevos mecanismos de seguros y reforzar los existentes, incluida la protección social, sin pasar por alto las peculiaridades del sector, como la elevada prevalencia del trabajo por cuenta propia y del trabajo familiar auxiliar. Las inversiones en infraestructuras fomentarían aún más la productividad y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Además de las inversiones generales en infraestructuras viarias, eléctricas, de telecomunicaciones y de otro tipo en las zonas rurales, el sector privado y los gobiernos están llamados a invertir también en los segmentos intermedios de las cadenas de los sistemas alimentarios, como la transformación, el almacenamiento y el transporte, que pueden facilitar el acceso a los mercados y mejorar la productividad.
El 85 por ciento de los trabajadores clave están en el sector privado. Garantizar que las empresas dispongan de los recursos y capacidades suficientes es, por lo tanto, condición necesaria para lograr los objetivos de trabajo decente en beneficio de los trabajadores clave, y para reforzar la capacidad de las economías de mantener el suministro de productos y servicios clave en periodos de crisis. Durante la pandemia de COVID-19, las microempresas y pequeñas empresas, en muchos casos informales, sufrieron la falta de recursos financieros y humanos y la dificultad de acceso al crédito y a ayudas públicas. Se hace necesario apoyar y acompañar a esas empresas en su proceso de formalización. El aumento de las inversiones en infraestructuras, recursos humanos e innovación son también factores propicios para mejorar la productividad. Ante el creciente riesgo de crisis, se ha de contar con las empresas como participantes activos en la planificación gubernamental de la gestión de catástrofes, así como en el diseño de sus propios planes de continuidad empresarial o sectorial.
Del mismo modo que los mercados no internalizan las externalidades ambientales, por sí solos tampoco han internalizado la importante contribución económica y social del trabajo clave. Se requiere un proceso deliberado de evaluación y planificación compartidas a través del diálogo social para fortalecer las instituciones del trabajo y aumentar la inversión en sectores clave con el fin de encarar los riesgos que merman su resiliencia. Podría organizarse un diálogo estratégico sobre resiliencia a nivel nacional y en sectores específicos. Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores se beneficiarían si aunaran esfuerzos dirigidos a instituir una hoja de ruta viable para identificar y abordar los déficits específicos que pueden impedir el suministro de bienes y servicios esenciales, ya sea en tiempos de crisis o de bonanza. Cual póliza de seguros, una estrategia de este tipo se amortizaría con creces en la próxima crisis. Esta es una de las lecciones de política más importantes que se extraen de la pandemia de COVID-19.
Arturo Rangel Bojorges Mendoza
Consejero Suplente ante el H. Consejo Técnico del IMSS.
Información obtenida de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, 2023.
