Impulso a la formalidad para promover el crecimiento y desarrollo económico del país
La economía informal de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se considera como el conjunto de todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o son insuficientemente cubiertos por el sistema tributario y marco regulatorio[1]. Este sector de la economía, comprende tanto a personas físicas como a empresas que, por diversos motivos, se desempeñan en la economía informal, sirviendo para algunos, como una estrategia de supervivencia cuando no pueden acceder o son rechazados por el trabajo formal, en tanto que, para otros, es una decisión propia derivada del costo-beneficio que representa para sus intereses.
En cualquier caso, la informalidad es una característica fundamental del subdesarrollo y podría ser un factor de ralentización de la economía que frena el crecimiento y desarrollo económico de los países, ya que, de acuerdo con la OIT, existe una correlación entre el crecimiento socioeconómico y la economía informal, porque mientras mayor sea el PIB en un país menor es la informalidad en su economía, es decir la economía formal es sinónimo de crecimiento y desarrollo, mientras que la informalidad constituye un obstáculo a la prosperidad.
En México, según cifras del INEGI, más de la mitad de la población ocupada (55%) realiza su actividad en la economía informal (2023) y contribuye desde hace varios años con cerca del 25% del PIB (6.3 billones de pesos constantes), es decir por cada peso producido por la economía nacional la informal participa con una cuarta parte. Esto indica que la informalidad, es un fenómeno de gran magnitud en nuestro país, sobre todo en comparación con Estados Unidos (menos de 10%) que es su socio comercial más importante, lo cual está generando diversos problemas de desigualdad en materia de pago de impuestos, salarios, seguridad social, financiamiento, falta de integración a cadenas de suministro formales y falta de acceso a mercados internacionales, entre otros, que persisten desde hace tiempo y que no han sido posible reducirlos con las políticas hasta ahora implementadas.
R/ Revisada. P/ Preliminar. Fuente: INEGI, MEI dic 2023.
La formalidad apoya al trabajador al contar con acceso a servicios médicos, seguro de accidentes y riesgos de trabajo, pensión por invalidez y vida y financiamiento para vivienda; además de la posibilidad de acumular antigüedad y generar ahorro para su pensión y retiro, entre otras prestaciones. En tanto, la economía informal por su propio carácter, a pesar de su importante participación en el PIB nacional, genera serios problemas como salarios precarios, menor productividad, exclusión financiera, falta de seguridad y beneficios para el trabajador, cero contribuciones a la hacienda pública, además de incremento de la pobreza y la desigualdad, por lo cual no está aportando a la construcción de una economía más prospera y beneficiosa para todos.
Por otra parte, de acuerdo con información de INEGI el 99.8% del total de empresas son de carácter micro, pequeña y medianas (MIPYMES), las cuales representan el segmento empresarial más importante del país que en términos económicos aportan el 52% del PIB y generan el 72% de los empleos remunerados.
Desde el punto de vista de la demografía, se tiene que del total de este tipo de empresas nacieron en promedio en los últimos dos años (2022-2023) el 35% de negocios de los sectores comercio y servicios, mientras que en dicho periodo murieron o cerraron en forma definitiva por diversas causas el 30%. Del total de empresas que nacieron el 25.5% en promedio eran formales y el 31.5% informales (INEGI, 2022 y 2023).
Para fortalecer el desarrollo de la economía del país es necesario impulsar el crecimiento, permanencia y desarrollo de todas las empresas MIPYMES, reforzando las acciones orientadas a vigorizar su resiliencia operativa y promover su transición de la informalidad a la formalidad. Esta situación, hace evidente que se requiere de medidas de política pública efectivas que promuevan su desarrollo, supervivencia y transición a la formalidad, porque hasta ahora no se han alcanzado en la formalización los resultados esperados.
Por ejemplo, la OIT en la Recomendación 204 sobre la Transición de la economía informal a la economía formal de 2015, reconoce que la alta incidencia de la economía informal es un obstáculo tanto para el desarrollo de las empresas, los ingresos tributarios, la solidez de las instituciones y la competencia en los mercados nacionales e internacionales, como para la garantía de los derechos de los trabajadores, la protección social, el trabajo decente, el desarrollo inclusivo y el Estado de derecho. En el mismo documento, identifica tres objetivos de política pública: 1) facilitar la transición de empresas y trabajadores a la economía formal, 2) promover la creación de empresas y empleos decentes en la economía formal y 3) prevenir y evitar la informalización de empresas y empleos de la economía formal; para ello sugiere un amplio abanico de medidas de política que los estados miembros pueden adoptar y adaptar, ya que las políticas que se determinen están en función de las circunstancias y prioridades de cada país.
La formalización de la economía es tan importante para el desarrollo socioeconómico que se incluyó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, en el octavo objetivo denominado “Promoción del crecimiento económico, inclusivo y sostenible, así como el empleo y el trabajo decente para todos”, previéndose en la meta 3 la promoción de políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de trabajos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, así como fomentar la formalización y el crecimiento de las empresas micro, pequeñas y medianas, incluyendo el acceso a los servicios financieros, observándose en los hechos que el cumplimiento de esta meta se encuentra rezagada en nuestro país.
Por su parte el Banco Mundial, en su estudio “La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas” (mayo 2021), ofrece cinco recomendaciones generales a los responsables de la formulación de políticas: 1) adoptar un enfoque integral, ya que la informalidad es reflejo de un subdesarrollo generalizado y no puede abordarse de forma aislada; 2) adaptar las medidas a las circunstancias de cada país, dado que las causas de la informalidad varían considerablemente; 3) mejorar el acceso a la educación, los mercados y el financiamiento para que los trabajadores y las empresas informales puedan ser lo suficientemente productivos como para pasarse al sector formal; 4) mejorar la gobernanza y el clima para los negocios, de manera que el sector formal pueda prosperar, y 5) simplificar las normas fiscales para reducir el costo de operar formalmente y aumentar el costo de operar informalmente.
Las distorsiones que origina la informalidad en la economía del país son tan grandes que, de acuerdo con el INEGI, se calcula que en 2023 del total de empresas existentes en dicho año (5.5 millones) tan solo el 25% son formales y generan el 45% del empleo formal y el 75% del PIB nacional.
Frente a esta situación y dada la importancia del sector informal en la economía del país, la CONCANACO-SERVYTUR propone la implementación o fortalecimiento de las siguientes medidas de política pública para promover con efectividad la transición del sector informal a la economía formal del país:
- Instrumentación de políticas macroeconómicas, comerciales, industriales, de servicios, financieras, tributarias, sectoriales, de inversión y de infraestructura que fomenten el empleo, eleven la productividad y faciliten los procesos de transición de la informalidad a la formalidad.
- Promover un entorno empresarial y de inversión propicio, para el crecimiento y desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas, facilitar el acceso a los servicios para la operación de las empresas, incluidos los servicios financieros, los mercados, la infraestructura y la tecnología; así como el establecimiento de un marco legislativo y normativo apropiado.
- Crear una ventanilla única universal, por parte de los tres órdenes de gobierno para facilitar la constitución en un plazo máximo de 24 horas de empresas físicas o morales, simplificando tramites, requisitos y reduciendo costos, ya que la sobrerregulación estimula las actividades informales y encarece la formalidad, como se señala en las estimaciones de costos económicos por 239.9 mil millones de pesos en 2020 equivalente al 1% del PIB nacional, lo que significa que en promedio, cada unidad económica gasto 95,760 pesos por cargas administrativas (Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, ENCRIGE 2020. INEGI)
- Promover la formalización de las empresas, poniendo a disposición de las nuevas entidades (físicas o morales) un sistema de incentivos fiscales y tributarios, mediante un esquema sencillo de reducción del 50%, 40% y 30% durante los 3 primeros años de operación en el pago del IRS, IVA, impuesto sobre nómina y contribuciones a la seguridad social, ya que es esencial para incentivar la generación de nuevas empresas, empleos productivos, balancear la ecuación de costo-beneficio de inicio de operaciones y para fortalecer su participación en la economía reduciendo la tasa de defunciones o cierre de sus actividades.
Por ejemplo, con una política pública que promueva la transición de la economía informal en formal pagando impuestos en forma similar que la formal, su contribución en impuestos por ISR en 2023 hubiera sido aproximadamente de 675,000 millones de pesos, lo cual supondría prácticamente una reducción del 55% de los requerimientos de deuda pública que en dicho año fueron necesarios para completar los ingresos presupuestarios (1.233 billones de pesos), o su utilización en otras áreas que permitirían aumentar el margen de maniobra presupuestal.
- Promover con recursos públicos la creación del seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal de la economía, con un monto del 60% de salario mínimo y hasta por un máximo de 6 meses, con el propósito de fortalecer la seguridad y estabilidad que otorga la economía formal e incentivar la búsqueda de empleos formales por parte de la población.
- Incrementar la educación, capacitación y productividad de los trabajadores, durante su vida activa como en el desempleo, mediante el desarrollo de competencias laborales que se adecúen a los cambios y necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías, ampliando así las opciones para la permanencia y crecimiento, así como para la obtención de un empleo formal.
[1] Incluye tanto a trabajadores por cuenta propia o emprendedores, como empresas con asalariados, taxistas, comercio ambulante, trabajadoras del hogar y empleos informales de empresas del sector formal y otras modalidades (OIT. Diálogo social para la transición de la economía informal a la economía formal)
